Isabel Gutiérrez es Presidenta del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. Artículo publicado en Iniciativa Socialista número 48
La violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a todos los esfuerzos de las legislaciones en favor de la igualdad. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima y todo ello supone, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. La violencia que padecen las mujeres comprende cuatro modalidades, que van desde la agresión física -con resultado de muerte en multitud de ocasiones-, la violencia sexual, la psicológica y la económica. Los datos estadísticos revelan que entre un 35% y un 40% de mujeres que viven emparejadas sufren malos tratos físicos o psíquicos por parte del hombre, lo que permite afirmar que miles de mujeres están bajo amenaza de muerte.
En 1997, en nuestro país, solamente por agresiones físicas se han practicado 18.872 denuncias, lo que significa apenas un 5% de la violencia real, toda vez que la mayoría de los abusos no se denuncian a la policía, principalmente porque no existen instrumentos jurídicos, sociales y económicos adecuados que protejan a las víctimas, lo que hace que la violencia contra las mujeres siga siendo en gran parte un delito invisible.
Ante los trágicos acontecimientos que están saliendo a la luz, surgen las siguientes preguntas ¿Por qué esta oleada de asesinatos a mujeres? ¿Qué está pasando? ¿No será que la difusión de casos como el de Ana Orantes, quemada viva en Granada, provoca que se produzcan más agresiones? .
Y queremos decir BASTA YA a tanta violencia, a la pasividad de los gobiernos que no aplican una política adecuada que prevenga y persiga esta violencia, a la ligereza con que jueces y fiscales aplican leyes que permiten al agresor acercarse a su víctima, cuando no se les condena a vivir bajo el mismo techo (el 98% de las víctimas muertas había denunciado y estaba separada o en trámites de separación del agresor).
La violencia contra las mujeres está vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a todos los esfuerzos de las legislaciones en favor de la igualdad. Constituye un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de la víctima y todo ello supone, por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. La violencia que padecen las mujeres comprende cuatro modalidades, que van desde la agresión física -con resultado de muerte en multitud de ocasiones-, la violencia sexual, la psicológica y la económica. Los datos estadísticos revelan que entre un 35% y un 40% de mujeres que viven emparejadas sufren malos tratos físicos o psíquicos por parte del hombre, lo que permite afirmar que miles de mujeres están bajo amenaza de muerte.
En 1997, en nuestro país, solamente por agresiones físicas se han practicado 18.872 denuncias, lo que significa apenas un 5% de la violencia real, toda vez que la mayoría de los abusos no se denuncian a la policía, principalmente porque no existen instrumentos jurídicos, sociales y económicos adecuados que protejan a las víctimas, lo que hace que la violencia contra las mujeres siga siendo en gran parte un delito invisible.
Ante los trágicos acontecimientos que están saliendo a la luz, surgen las siguientes preguntas ¿Por qué esta oleada de asesinatos a mujeres? ¿Qué está pasando? ¿No será que la difusión de casos como el de Ana Orantes, quemada viva en Granada, provoca que se produzcan más agresiones? .
Y queremos decir BASTA YA a tanta violencia, a la pasividad de los gobiernos que no aplican una política adecuada que prevenga y persiga esta violencia, a la ligereza con que jueces y fiscales aplican leyes que permiten al agresor acercarse a su víctima, cuando no se les condena a vivir bajo el mismo techo (el 98% de las víctimas muertas había denunciado y estaba separada o en trámites de separación del agresor).
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